En los últimos años, el auge de las criptomonedas ha generado una creciente preocupación entre las autoridades financieras y regulatorias en España. Este fenómeno ha llevado a la necesidad de crear un marco normativo específico para regular las actividades relacionadas con los criptoactivos, así como las plataformas de intercambio (exchanges) que facilitan su compraventa.
Por ello, es importante conocer las principales normativas y leyes que regulan el uso de criptomonedas y exchanges en España, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en este ámbito.
- Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Una de las primeras normativas en España que impacta a los criptoactivos es la Ley 10/2010, que establece obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aunque la ley fue diseñada inicialmente para el sistema financiero tradicional, se ha ido adaptando progresivamente a los nuevos entornos digitales, incluyendo las criptomonedas.
En marzo de 2021, se modificó esta ley para incluir explícitamente a los proveedores de servicios de criptoactivos como sujetos obligados a cumplir con las mismas obligaciones que las instituciones financieras tradicionales. Esto significa que los exchanges de criptomonedas y los proveedores de monederos digitales (wallets) deben cumplir con requisitos estrictos de diligencia debida y las normas de Conoce a tu Cliente (KYC). Entre las obligaciones se incluyen:
- Verificación de identidad de los clientes: Los proveedores de servicios de criptoactivos deben verificar la identidad de los usuarios que realizan transacciones, para evitar que los criptoactivos se utilicen para fines ilícitos.
- Informes sobre actividades sospechosas: Si una plataforma de intercambio de criptomonedas detecta transacciones inusuales o sospechosas, debe reportarlas a la autoridad de control (SEPBLAC, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
- Real Decreto-ley 7/2021 y Transposición de la Quinta Directiva Anti-Blanqueo (5AMLD)
El Real Decreto-ley 7/2021, aprobado en abril de 2021, transponía la Quinta Directiva Anti-Blanqueo de Dinero (5AMLD) de la Unión Europea al ordenamiento jurídico español. Este decreto representó un paso importante en la regulación de las criptomonedas en España, ya que:
- Extiende la regulación a los criptoactivos: Los proveedores de servicios de cambio de criptomonedas por dinero fiduciario y los custodios de monederos electrónicos quedaron bajo la supervisión de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Esto incluye exchanges de criptomonedas que operan en España o que ofrecen servicios a residentes españoles.
- Registro obligatorio de proveedores de criptoactivos: Los proveedores de servicios de criptomonedas están obligados a registrarse ante el Banco de España. El registro asegura que estas entidades cumplan con los requisitos de solvencia y controles adecuados para evitar el uso de criptoactivos en actividades ilegales.
El Banco de España, junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es la entidad encargada de supervisar la actividad de los exchanges y otros proveedores de servicios relacionados con criptoactivos.
- Regulación de Publicidad de Criptoactivos: Circular 1/2022 de la CNMV
Otro aspecto clave de la regulación de criptomonedas en España es el control de la publicidad de criptoactivos. A través de la Circular 1/2022 de la CNMV, que entró en vigor en febrero de 2022, se establece un marco normativo para la publicidad de criptoactivos dirigida al público en general. La CNMV ha intensificado la supervisión del marketing relacionado con criptomonedas para proteger a los inversores minoristas de los riesgos asociados a estos activos.
Entre las principales medidas de esta circular se encuentran:
- Notificación previa de campañas masivas: Las campañas publicitarias que se dirijan a más de 100,000 personas deben notificarse a la CNMV con al menos 10 días de antelación.
- Avisos de riesgo obligatorios: Toda publicidad sobre criptoactivos debe incluir advertencias claras sobre los riesgos asociados, como la alta volatilidad, la ausencia de regulación específica o la posibilidad de perder toda la inversión.
- Supervisión de «influencers» y promotores: La CNMV también regula la publicidad que realizan personalidades o influencers en redes sociales, ya que suelen tener un impacto considerable en los potenciales inversores.
- Propuesta de Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos (MiCA)
Si bien España ya cuenta con una regulación avanzada en cuanto a criptoactivos, se espera que la entrada en vigor del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) armonice aún más las normativas en la Unión Europea y, por tanto, también afecte directamente al mercado español. El Reglamento MiCA establece un marco regulatorio para los emisores de criptoactivos y los proveedores de servicios de criptoactivos.
Este reglamento incluye varios puntos clave:
- Requisitos para los emisores de criptomonedas: Los emisores de ciertos criptoactivos, como las stablecoins, estarán sujetos a estrictos controles para garantizar la protección de los consumidores y la estabilidad financiera.
- Pasaporte europeo: MiCA permitirá a los proveedores de servicios de criptoactivos registrados en un país de la UE operar en otros países miembros sin la necesidad de cumplir con regulaciones adicionales, facilitando la expansión del mercado de criptoactivos en la UE.
España ha mostrado un fuerte interés en aplicar este reglamento, ya que proporcionará mayor seguridad jurídica y un marco común que permitirá competir a nivel europeo bajo normas homogéneas.
En conclusión, la inclusión de los criptoactivos en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, la obligación de registro ante el Banco de España, y las normas de publicidad establecidas por la CNMV, son ejemplos claros de los esfuerzos por proteger a los inversores y prevenir actividades ilícitas. Con la llegada del Reglamento MiCA, España se posiciona para adaptarse a un marco europeo común que garantizará mayor seguridad jurídica y fortalecerá la confianza en los criptoactivos